Un tribunal brasileño restablece provisionalmente la autorización de apuestas de CDA Gaming

Una jueza del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región de Brasil (TRF-3) ha restablecido provisionalmente la autorización de CDA Gaming para operar apuestas de cuota fija, según informaciones jurídicas y sectoriales brasileñas.

La jueza federal de apelación Adriana Pileggi dictó la orden el 3 de noviembre. La resolución afecta a la empresa detrás de Casa de Apostas, Betsul y Jogo Online y suspende los efectos de la Medida Provisional n.º 1.394/2026 sobre su autorización. 

La resolución también ordena restablecer los dominios y los servicios operativos, financieros y de pago necesarios para la actividad autorizada. Seguirá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva en el procedimiento principal o una nueva orden judicial.

La tasa de licencia y la seguridad jurídica, claves del recurso

CDA Gaming impugnó la terminación anticipada de una autorización válida hasta el 31 de diciembre de 2029. Según las informaciones sobre el caso, la empresa pagó 30 millones de R$ por esa autorización.

La jueza cuestionó el breve plazo de aplicación y la ausencia de disposiciones para devolver los pagos de las licencias o compensar a los operadores afectados. Su razonamiento también abordó la seguridad jurídica, la razonabilidad y la proporcionalidad, teniendo en cuenta las inversiones realizadas al amparo de una autorización de duración determinada.

La decisión llegó tras un recurso contra la anterior denegación de medidas cautelares por un tribunal federal de São Paulo. Ese tribunal había dado prioridad al interés público de proteger a las personas frente a los daños relacionados con el juego sobre los argumentos de seguridad jurídica de la empresa. 

La medida solo se aplica a CDA Gaming

La orden no revoca la prohibición a escala nacional ni restablece los permisos de otros operadores. CDA Gaming sigue sujeta a los requisitos regulatorios aplicables y a la supervisión gubernamental.

También se trata de una medida provisional, no de una decisión definitiva sobre la legalidad de las restricciones del Gobierno. Por tanto, la controversia general continúa pese a que la empresa ha obtenido protección temporal. 

El restablecimiento de la autorización legal no confirma por sí solo que todas las webs y los servicios de pago afectados hayan reanudado plenamente su actividad. Para su aplicación, las partes correspondientes deben dar cumplimiento a la orden.