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La oficina jurídica del Gobierno de Brasil ha cambiado su posición anterior y ha pedido al Tribunal Supremo Federal que invalide disposiciones clave que establecieron y regularon las apuestas de cuota fija y el juego online.
La Advocacia-Geral da União de Brasil ha pedido al Tribunal Supremo Federal que declare inconstitucionales partes clave de la legislación nacional sobre apuestas, dando marcha atrás respecto a su anterior defensa del marco regulatorio.
La AGU presentó su nueva posición el 2 de octubre en la Acción Directa de Inconstitucionalidad 7.749, un caso presentado por la Fiscalía General y supervisado por el magistrado Luiz Fux.
La impugnación se dirige contra las disposiciones centrales de la Ley 13.756/2018 y la Ley 14.790/2023, que permitieron y regularon las apuestas de cuota fija, incluidas las apuestas deportivas y los juegos online. Las disposiciones no relacionadas directamente con la actividad de juego no forman parte de la invalidación solicitada.
El escrito de octubre representa un cambio significativo en la posición jurídica del Gobierno federal.
En procedimientos anteriores relacionados con el marco de apuestas, la AGU había argumentado que la legislación podía seguir siendo constitucional mientras las autoridades supervisaban los efectos del sistema regulatorio introducido recientemente.
Ahora ha concluido que las protecciones introducidas mediante la regulación no han sido suficientes para resolver las preocupaciones constitucionales en torno al mercado.
Según la AGU, el marco actual no ha proporcionado una protección adecuada para la salud pública, los consumidores, las finanzas de los hogares, los niños y los adolescentes.
La oficina jurídica del Gobierno también sostiene que las medidas introducidas por el poder ejecutivo para reducir los riesgos relacionados con el juego eran relevantes, pero insuficientes para adaptar la legislación subyacente a los requisitos constitucionales.
Uno de los argumentos centrales se refiere a los efectos sociales y sanitarios asociados al juego.
La AGU citó un aumento de aproximadamente el 140 % entre 2018 y 2025 en los tratamientos proporcionados a través del sistema público de salud de Brasil a personas con trastornos relacionados con el juego y las apuestas. Los datos de salud pública presentados por separado a los legisladores también registraron un aumento del 140 % durante ese periodo.
La cifra no demuestra que las apuestas online hayan causado todo el aumento. Los datos abarcan los problemas relacionados con el juego en términos más generales, y otros factores pueden influir en los cambios en el diagnóstico, el acceso al tratamiento y la notificación.
No obstante, la AGU sostiene que la tendencia, combinada con el endeudamiento de los hogares y las preocupaciones sobre la protección de los consumidores, demuestra que el modelo regulado no ha proporcionado salvaguardas suficientes.
El escrito también plantea preocupaciones sobre la exposición de niños y adolescentes y sobre el efecto del gasto en juego en el dinero necesario para cubrir las necesidades básicas de los hogares.
El caso constitucional es independiente de la prohibición temporal de las apuestas de cuota fija impuesta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La Fiscalía General presentó la ADI 7.749 en 2024, impugnando disposiciones de las leyes de 2018 y 2023 y las normas relacionadas del Ministerio de Hacienda.
La PGR argumentó que el marco no ofrecía una protección suficiente de los derechos constitucionales y también cuestionó el mecanismo legal utilizado para autorizar a los operadores de juego.
El nuevo escrito de la AGU llegó una semana después de que Lula emitiera la Medida Provisional n.º 1.394/2026 el 25 de septiembre.
Esa medida prohibió por separado en todo el país la operación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija, abarcando tanto las apuestas deportivas como los juegos online.
Los sitios de apuestas con licencia quedaron posteriormente fuera de servicio el 6 de octubre.
La distinción entre ambos procedimientos es importante para los operadores.
Las impugnaciones contra la medida provisional se centran en si la propia prohibición temporal del Gobierno es jurídicamente válida.
La ADI 7.749 va más allá al cuestionar la constitucionalidad de las leyes subyacentes que crearon y regularon originalmente el mercado de apuestas.
Si el Tribunal Supremo finalmente acepta la posición de la PGR y la AGU, las consecuencias podrían ir más allá de la actual prohibición temporal y afectar a la base jurídica sobre la que se concedieron las licencias federales de apuestas.
El tribunal todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del caso.
La industria del juego ha argumentado por separado que la regulación ofrece una protección más sólida al consumidor que la prohibición y ha advertido de que eliminar la oferta con licencia podría empujar a los clientes hacia operadores offshore.
Para los operadores anteriormente regulados de Brasil, el cambio de posición de la AGU añade otra capa de incertidumbre jurídica. La industria está impugnando ahora un cierre inmediato mientras los propios representantes legales del Gobierno federal solicitan simultáneamente al Tribunal Supremo que invalide partes centrales de la legislación que creó el mercado regulado.
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