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República Dominicana reforma su ley del juego con un plazo de registro de 12 meses

La Ley 86-26 crea un marco unificado para el juego online y presencial, concede 12 meses a los operadores existentes para registrarse e introduce una futura moratoria de 10 años para nuevas licencias.

República Dominicana ha publicado la Ley 86-26, que introduce un nuevo marco regulatorio integral para los juegos de azar y las apuestas online y sustituye una legislación basada en normas que se remontaban a 1964.

La ley fue publicada en la Gaceta Oficial No. 11263 el 2 de octubre de 2026. Regula casinos, casas de apuestas deportivas, puntos de lotería, salas de máquinas tragamonedas, juego online, juegos virtuales, loterías electrónicas, bingo y otros productos de juego dentro de un marco único.

Una nueva Dirección General de Juegos de Azar, o DGJA, supervisará las licencias, la supervisión y el cumplimiento normativo.

Para los operadores existentes, la legislación inicia un amplio proceso de transición que abarca el registro, la sustitución de licencias y la conexión con nuevas tecnologías regulatorias.

Los operadores existentes tienen 12 meses para registrarse

Las empresas de juego que operen legalmente cuando la ley entre en vigor tendrán 12 meses para inscribirse en el registro unificado de juegos de azar de la DGJA.

Una vez finalizado ese periodo de 12 meses, el Consejo de Juegos tendrá otros 90 días para publicar el registro oficial de licenciatarios y establecimientos de juego.

Por separado, las empresas que operen con licencias emitidas bajo el régimen anterior dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la ley para completar un proceso de adaptación y obtener licencias de sustitución conforme a la Ley 86-26.

Ambos periodos de transición comienzan desde la entrada en vigor de la ley y no se aplican de forma consecutiva.

La propia legislación no aplaza su vigencia hasta que se publique el registro de operadores. En cambio, la publicación del registro activa una restricción independiente sobre nuevas licencias.

La moratoria de 10 años comenzará tras la publicación del registro

Una vez publicado el registro oficial, República Dominicana impondrá una suspensión de 10 años sobre nuevas licencias para los establecimientos y modalidades de juego contemplados en el artículo 21 de la ley.

La lista incluye casinos, casas de apuestas deportivas, puntos de lotería, salas de máquinas tragamonedas y juego online.

Los casinos ubicados en hoteles y zonas turísticas estarán exentos de la moratoria.

Según el calendario establecido por la ley, el registro podría publicarse aproximadamente 15 meses después del inicio del periodo de transición si las autoridades utilizan por completo los plazos de registro y publicación.

La estructura ofrece a las empresas existentes la oportunidad de formalizar su posición antes de que el acceso a nuevas licencias quede considerablemente más restringido.

Las licencias de juego online tendrán una duración de 10 años

La Ley 86-26 establece una vigencia de 10 años para las licencias de juego online.

Las licencias de casinos y locales de apuestas deportivas también tendrán una duración de 10 años, mientras que las licencias de puntos de lotería durarán cinco años. Otras categorías cuentan con sus propios periodos de licencia bajo la legislación.

La ley también define nuevas restricciones de ubicación para el juego presencial.

Los casinos se definen como instalaciones de juego situadas en hoteles de cuatro estrellas o más.

Los locales de apuestas deportivas deberán estar, por regla general, separados por al menos 500 metros, mientras que los puntos de lotería requerirán una distancia mínima de 200 metros.

Además, por regla general se prohíben los establecimientos de juego a menos de 500 metros de escuelas, universidades, hospitales, iglesias, instalaciones militares y policiales, centros de cuidado infantil y otros lugares protegidos.

Los negocios autorizados ya existentes reciben protección frente a algunas de las nuevas reglas de distancia.

El juego online afrontará un impuesto del 10% sobre las operaciones brutas

El nuevo marco introduce un impuesto mensual del 10% sobre las operaciones generadas por los juegos de azar realizados a través de internet.

Es importante señalar que la ley describe la base imponible como operaciones de juego online y, en sus disposiciones transitorias, se refiere específicamente a ventas brutas u operaciones brutas. Por tanto, no debe interpretarse como un impuesto del 10% sobre el GGR.

Hasta que las autoridades completen la tecnología necesaria para calcular y recaudar el impuesto porcentual, cada entidad corporativa de juego online pagará en su lugar RD$5 millones al mes.

La DGJA y la autoridad tributaria dominicana DGII disponen de seis meses para desarrollar la tecnología necesaria para interconectar a los operadores con el Gobierno con fines de recaudación fiscal y supervisión.

Los licenciatarios existentes también disponen de tres meses para adaptar sus plataformas de juego, operaciones y sistemas técnicos al nuevo marco.

La DGJA podrá bloquear sitios de juego ilegal y pagos

La ley otorga a la DGJA facultades para actuar directamente contra el juego online no autorizado.

En colaboración con el regulador de telecomunicaciones INDOTEL, podrá ordenar a los proveedores de servicios de internet que bloqueen dominios, sitios web y aplicaciones que ofrezcan juegos de azar sin licencia.

El regulador también podrá exigir a las empresas de pago que suspendan las transacciones dirigidas a operadores ilegales.

La DGJA deberá mantener información pública actualizada sobre los operadores autorizados y los sitios de juego bloqueados.

Esto amplía la aplicación de la normativa más allá de las medidas convencionales de licencias y crea un marco para actuar tanto contra el acceso a productos ilegales como contra su infraestructura de pagos.

La Ley 86-26 representa, por tanto, una profunda reestructuración del mercado dominicano del juego. La prioridad inmediata será integrar a los operadores existentes en el nuevo registro y marco de licencias, mientras que la estructura del mercado a largo plazo dependerá en gran medida de la restricción de 10 años sobre nuevas licencias que comenzará una vez publicado el registro oficial.

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